Venta ilegal de tabaco genera pérdidas millonarias al erario mexicano

La comercialización de tabaco ilícito en México representa una de las fugas de ingresos más significativas para las arcas públicas, con estimaciones que alcanzan los 35,000 millones de pesos anuales. A pesar de los incrementos en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicados a este producto, la evasión fiscal continúa en ascenso, afectando la recaudación federal que gestiona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Investigadores del Colegio de México advierten que el crimen organizado ha perfeccionado una estrategia mixta para evadir los controles estatales. Este modelo operativo combina la entrada masiva de mercancía de contrabando a través de las fronteras con el establecimiento de centros de fabricación clandestina en territorio nacional, lo cual complica las labores de vigilancia de la Guardia Nacional y las autoridades aduaneras.

Esta competencia asimétrica distorsiona el mercado formal, permitiendo que productos sin garantías sanitarias se distribuyan a precios significativamente menores que los legales. La falta de regulación en estos insumos no solo impacta la recaudación del SAT, sino que también representa un desafío creciente para la Secretaría de Salud al eludir los estándares de control sobre sustancias nocivas para los consumidores.

El análisis académico sugiere que la estrategia delictiva ha mutado para adaptarse a las políticas fiscales vigentes, aprovechando canales de distribución informales que son difíciles de rastrear. Mientras el gobierno federal busca fortalecer la fiscalización, la estructura del mercado ilegal demuestra una alta capacidad de resiliencia ante los operativos de incautación y los cambios en la normativa tributaria.

Especialistas señalan que la coordinación entre las distintas dependencias de seguridad y las autoridades fiscales resulta indispensable para contener este fenómeno. La problemática subraya la necesidad de implementar esquemas de inteligencia financiera más robustos, capaces de desarticular las redes de suministro que abastecen tanto a los puntos de venta ambulante como a diversos comercios establecidos que operan fuera de la legalidad.