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Economía

Presupuesto oncológico en México disminuye ante creciente demanda de atención

El gasto público destinado al combate contra el cáncer enfrenta recortes mientras el número de casos diagnosticados continúa en aumento, según reportes del CIEP.

Redacción El Reverso
Foto: forbes.com.mx

El sistema de salud mexicano atraviesa una etapa crítica debido a la reducción en el presupuesto destinado a la atención oncológica, una tendencia que coincide con el incremento sostenido de pacientes que requieren diagnósticos y tratamientos especializados. Análisis recientes del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) advierten que la asignación de recursos financieros no ha logrado ajustarse a la creciente demanda poblacional, impactando la capacidad de respuesta de instituciones como el IMSS y el IMSS-Bienestar.

El problema se agrava por la opacidad en la gestión de los recursos, ya que desde 2024 se ha detectado una disminución significativa en la disponibilidad de datos desagregados sobre el gasto sectorial. Esta falta de transparencia dificulta el seguimiento puntual de cómo se distribuyen los fondos destinados a medicamentos, infraestructura hospitalaria y personal médico especializado, lo que genera incertidumbre sobre la eficiencia del gasto público en salud.

Especialistas han señalado que, sin una estrategia de financiamiento robusta y transparente, el acceso a servicios oncológicos podría verse restringido para miles de familias mexicanas. La actual estructura presupuestaria no contempla, en los niveles necesarios, el encarecimiento de los tratamientos de alta especialidad ni la urgencia de renovar equipos médicos obsoletos en las unidades de segundo y tercer nivel de atención en diversas entidades federativas.

Ante este panorama, diversas organizaciones civiles han solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a la Secretaría de Salud (SSA) que prioricen la reasignación de partidas presupuestarias específicas para el cáncer. La demanda principal se centra en garantizar la continuidad de los tratamientos existentes y asegurar que la información sobre la ejecución de los recursos sea pública y verificable para fortalecer la rendición de cuentas en el sistema nacional de salud.

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