Interpol retira fichas rojas a Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha retirado las fichas rojas emitidas contra la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, el abogado Víctor Álvarez Puga, quienes enfrentan procesos legales en México. Esta determinación internacional ha generado una respuesta inmediata desde el Poder Ejecutivo Federal, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó la medida como preocupante y contraria a los esfuerzos de justicia que encabeza su administración.

Desde Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo señaló que su gobierno no permitirá que la decisión de la Interpol detenga las investigaciones en curso. La presidenta subrayó que ambos personajes son considerados por las autoridades mexicanas como figuras vinculadas a esquemas de emisión de facturas falsas, práctica conocida coloquialmente como facturaje, lo cual ha afectado significativamente al erario público en años recientes.

El Gobierno de México, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) y en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha anunciado que iniciará los trámites diplomáticos y jurídicos necesarios para solicitar formalmente la reactivación de las alertas migratorias. El objetivo es asegurar que ambos sujetos enfrenten a la justicia nacional por las acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita y otros delitos financieros que se les atribuyen.

La presidenta Sheinbaum insistió en que la lucha contra la corrupción y la impunidad en los delitos de cuello blanco es una prioridad de su gestión. Asimismo, reiteró que la instrucción para las instituciones de seguridad y justicia es mantener una postura firme y colaborativa con los organismos internacionales, a fin de evitar que los implicados evadan la acción de los jueces mexicanos aprovechando vacíos en la cooperación policial global.

Por el momento, las autoridades mexicanas han confirmado que se encuentran integrando nuevamente los expedientes técnicos requeridos por la Interpol para justificar la necesidad de las fichas rojas. La administración federal sostiene que la información presentada ante los tribunales es suficiente para mantener los procesos activos y garantizar que las personas señaladas comparezcan ante las autoridades competentes en territorio nacional.