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Grecia Quiroz cuestiona permanencia de Rocha Moya e Inzunza en Sinaloa

La política señaló que la continuidad de funcionarios bajo señalamientos criminales debilita la confianza institucional y exigió una política de tolerancia cero.

Redacción El Reverso
Foto: sdpnoticias.com

La política Grecia Quiroz manifestó este martes su rechazo a la permanencia de Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y de Enrique Inzunza en sus respectivos cargos públicos. En declaraciones emitidas durante un encuentro con medios en la Ciudad de México, Quiroz calificó como un error político mantener a funcionarios que enfrentan señalamientos constantes por presuntos nexos con grupos criminales, argumentando que esta situación afecta directamente la credibilidad de las instituciones estatales.

Quiroz enfatizó que la actual administración pública debe priorizar la integridad de los servidores públicos sobre los intereses partidistas. Según la postura expuesta por su equipo de trabajo, la presencia de figuras cuestionadas en puestos de toma de decisiones impide una colaboración efectiva con las autoridades federales de seguridad, como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), al generar sospechas sobre la filtración de información sensible hacia actores fuera de la ley.

La propuesta central de Quiroz es la implementación de un esquema de tolerancia cero contra la corrupción y la infiltración delictiva en todos los niveles de gobierno. Sugirió que, ante cualquier investigación en curso que involucre a altos mandos estatales, estos deberían separarse del cargo de manera preventiva para permitir que las indagatorias avancen sin obstrucciones, garantizando así la transparencia ante la ciudadanía sinaloense.

Finalmente, la política instó a las instancias correspondientes del Poder Judicial y a los órganos de control interno a revisar los perfiles de los funcionarios estatales bajo escrutinio. Advirtió que la estabilidad social de las entidades federativas depende de que los ciudadanos perciban una separación clara entre las autoridades gubernamentales y las estructuras criminales, un punto que considera innegociable para el fortalecimiento del Estado de derecho en el país.

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