El esquema de importación de combustibles que facilitó el huachicol fiscal

Autoridades federales han identificado que las reglas de importación de combustibles establecidas en el marco de la reforma energética de 2013 facilitaron el surgimiento del denominado huachicol fiscal. Durante el periodo crítico de la pandemia de COVID-19, la SHCP y el SAT detectaron una red sofisticada que simulaba la entrada de lubricantes y aditivos para introducir gasolinas y diésel al país sin cubrir los impuestos correspondientes. Esta maniobra aprovechó vacíos en la fiscalización de los pedimentos aduanales, permitiendo que miles de litros de carburantes ingresaran al mercado nacional bajo clasificaciones arancelarias incorrectas.

El fenómeno del huachicol fiscal no solo ha representado una afectación directa a la recaudación tributaria, sino que también ha distorsionado la competencia en el mercado interno de combustibles. Al evitar el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, las empresas involucradas lograban comercializar el producto a precios significativamente menores que los establecidos por PEMEX y los distribuidores legales. Esta ventaja competitiva desleal ha sido señalada por especialistas como una consecuencia directa de la apertura acelerada del mercado que carecía de controles aduaneros robustos frente a la entrada de productos químicos derivados del petróleo.

La estrategia de los grupos delictivos consistió en utilizar empresas fachada que declaraban importar productos químicos como aditivos para aceite, cuando en realidad se trataba de combustible terminado. Una vez dentro del territorio nacional, estas sustancias eran mezcladas o distribuidas directamente en estaciones de servicio que operaban bajo esquemas de irregularidad administrativa. La falta de mecanismos de verificación en tiempo real en las terminales de almacenamiento y reparto permitió que este flujo ilícito se mantuviera operando bajo el radar de las autoridades durante varios años.

Ante esta situación, el Gobierno Federal ha implementado diversas acciones para endurecer la vigilancia en las aduanas y mejorar la trazabilidad de los hidrocarburos que ingresan al país. A través de la colaboración entre la SHCP, la SENER y la Guardia Nacional, se busca clausurar los puntos de entrada donde se ha detectado la mayor incidencia de falsas declaraciones. Las autoridades han enfatizado que la prioridad es cerrar los espacios de opacidad normativa que aún persisten para asegurar que la recaudación fiscal y la seguridad energética nacional no se vean comprometidas por prácticas de contrabando técnico.